Ortega y Gasset

(La rebelión de las masas)

Gregorio Marañón

Artículo publicado en el diario “La Verdad” de Murcia el 13 de diciembre de 2011

 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho…”, proclama nuestra Constitución en su art. 1.1, reconociendo así los pilares fundacionales sobre los que debiera asentarse nuestro Estado. Hoy, poco después de que se celebraran Elecciones Generales en nuestro país, me preocupa en concreto la definición como “democrático” de nuestro modelo político, y, de entre los distintos males que afectan al mismo (como es, por ejemplo, la crisis de representatividad en la que vivimos por la desconexión entre políticos y  ciudadanos, de la que dan buena prueba movimientos como el 15-M o la creciente aceptación de gobiernos tecnocráticos ante la incapacidad política), me centraré, sin embargo, en uno particular: la quiebra de la proporcionalidad de la que adolece nuestro sistema electoral. Un “hecho” que afecta notablemente a la composición de nuestro Congreso, y que me atrevo a definir como un “mal” en tanto que impugna parte del núcleo de nuestro derecho de sufragio como ciudadanos. Para realizar esta crítica me serviré de las concienzudas reflexiones del Tribunal Constitucional Federal alemán en su sentencia de 30 de junio de 2009 sobre el Tratado de Lisboa.

Como decía, es un lugar común el que en España nuestro sistema electoral distorsiona la proporcionalidad de forma dolorosa: no cuesta lo mismo conseguir un escaño en unos territorios que en otros, ni a unos partidos que a otros (mientras que a UPyD le ha costado cada escaño como media 228.048 votos o 152.800 a IU, otros partidos los obtienen con menos de una cuarta parte de votos –el PP, por ejemplo, 58.230 votos o 47.661 a AMAIUR-). Ergo, hay votos que valen más y votos que valen menos. En una Cámara como es el Congreso de los Diputados llamada a ser el lugar de expresión de la voz del pueblo español -entendido como el conjunto de ciudadanos libres e iguales-, se deforma la composición de la misma y quedan infrarrepresentadas –en definitiva, se castiga- a aquellos grupos políticos minoritarios que tienen sus votos distribuidos a lo largo del territorio nacional. Ello se comprueba de un golpe de vista: valga de nuevo como ejemplo UPyD que con un 4,69% de los votos y 1.140.242 de votantes tiene 5 escaños; mientras partidos como AMAIUR alcanza los 7 diputados, con el 1,37% de los votos y 333.628 votantes; o, más sangrante, los 16 escaños de CIU con 1.014.263 votantes que suponen tan sólo un 4,17% de los votos. Si contrastamos estos resultados con los de las elecciones europeas (2009), donde se sigue un modelo de circunscripción única, las diferencias son notables: por ejemplo, los partidos nacionalistas agrupados en la “Coalición por Europa”,  alcanzan un 5,10% de los votos (808.246 votantes), y sólo 2 escaños; UPyD, con algo más de la mitad (2,85%-451.866 votantes), consigue entonces un escaño. No obstante, no digo que la circunscripción única sea la única, ni la mejor solución. La respuesta a esta situación es compleja y, si bien es cierto que hay que cuidar la estabilidad de gobierno, tampoco cabe duda de que es necesario introducir correctores en nuestro sistema electoral para garantizar una mayor proporcionalidad (entre otros: que una parte de los diputados sean elegidos en circunscripción única, revisar el reparto de restos y las barreras de entrada); medidas que creo que también deberían ser combinadas con un intento de buscar listas abiertas y con una reforma del Senado como verdadera cámara territorial.

No andar en este sentido merma el mandato democrático de nuestra Constitución. El principio democrático exige que una decisión de la mayoría en el Parlamento represente a su vez una decisión de la mayoría del pueblo; no caben distorsiones, y, menos que en ningún sitio, en la Cámara baja. En palabras del TC alemán, refiriéndose al sistema electoral del Parlamento europeo pero aplicable a nuestro modelo: “En los Estados federales, tales desequilibrios tan marcados son, normalmente, sólo tolerados en la segunda Cámara del Parlamento (…) Pero no son aceptados en el propio órgano de representación del pueblo, porque de otro modo dicho órgano no podría representar al pueblo de forma acorde con el principio de libertad personal y de modo respetuoso con la igualdad” (286). Más claro, agua.

Una distorsión que a lo largo de los más de treinta años de democracia, aunque haya dado gobiernos estables –a diferencia de Italia-, ha generado por el contrario graves problemas de gobernabilidad. Cada vez que un Gobierno nacional no ha tenido mayoría absoluta se ha visto obligado a claudicar en pactos con grupos nacionalistas que, de manera directa y sin tapujos, han comprometido el interés general de los españoles. Algo que con vista hacia el futuro, donde la presión nacionalista se puede presumir cada vez mayor, hará insostenible nuestro sistema. O se garantiza al menos un Congreso representativo del interés general sin ataduras o se hará imposible siquiera “conllevar” la tan manida cuestión autonómica –recordando las palabras de Ortega y Gasset en su discurso en las Cortes Constituyentes de 1932 sobre el Estatuto catalán-.

En definitiva, visto lo visto, terminar con una última afirmación del  alto Tribunal alemán -que no todo lo que nos viene de allí tienen que ser cuestionables imposiciones económicas-: “la igualdad entre todos los ciudadanos del Estado en el ejercicio del derecho de sufragio constituye una de las bases fundamentales del orden estatal” (282). Lo dicho, “one man, one vote”.

Germán M. Teruel Lozano

Doctorando Europeo en Derecho constitucional

Diagnóstico

Treinta años dan para mucho y, en este caso, han dado para un desgaste institucional muy fuerte, sobre todo durante los diez últimos años: incluyo desde un Aznar que pasó de “hablar catalán en la intimidad” cuando negociaba con Pujol a no recibir en Moncloa a muchos de los Presidentes Autonómicos, hasta un Zapatero que vendió con un cheque en blanco a los nacionalistas catalanes la última reforma estatutaria; incluyo también un Tribunal Constitucional en el que sus miembros han dado pie a un bochorno juego de recusaciones mutuas, a retrasos intolerables, todo lo cual se aderezaba con el bloqueo político para su renovación; incluyo una deriva del Estado Autonómico que no podía haber sido ni imaginada por nuestros constituyentes que plantearon un sistema muy abierto y que ahora es necesario cerrar; incluyo una Ley Electoral que quiebra la proporcionalidad y la igualdad en el valor del voto de todos los españoles, condenando al ostracismo a partidos nacionales como IU o UPyD y dejando vendida la toma de decisiones de interés general a los acuerdos con nacionalistas; incluyo un órgano de gobierno de los Jueces en el que sus miembros no tienen vergüenza de ser apuntados en bloques como “conservadores” o “progresistas”, que se saben extensión de unos partidos u otros,y que permiten anticipar sus decisiones por criterios políticos más que jurídicos; incluyo unas Provincias que vista la fuerza adquirida por las CCAA carecen ya de sentido alguno más que para dilapidar aún más las exiguas arcas públicas; incluyo un Fiscal General que, nombrado por el Gobierno, a veces parece un comisario político del mismo; incluyo una Administración de la Justicia excluida de los grandes pactos celebrados a lo largo de nuestra democracia y que, carente de medios, es incapaz de responder a las necesidades imperiosas de los ciudadanos; e, incluyo, sobre todo, unos partidos políticos que se han alejado de sus ciudadanos, se han olvidado del mandato constitucional de “democracia interna” y se han convertido en “comecocos de la excelencia, criaderos de mediocridad”, organizaciones cuartelarias en las que sube el más dócil y no el más válido. Unos partidos que, para más inri, se muestran totalmente autistas a las demandas ciudadanas.

Una situación de grave esclerosis institucional que, unida a la crisis económica, ha sido la que ha estallado con el conocido como 15-M. Miles de ciudadanos que se lanzan a la calle requiriendo de sus “representantes” que atiendan el interés general al cual se deben; que reclaman que la Instituciones vuelvan a situarse al servicio de los ciudadanos. Frente a los movimientos antisistema que han tratado aprovecharse de este sentimiento o de los neoliberales que apuestan por desmontar el Estado; yo reivindico: ante la crisis institucional la respuesta no es cargarse el Estado, sino reanimarlo y devolverle el mayor vigor y su virtud.

La respuesta: España necesita una segunda Transición

Para reanimarlo sólo existe la vía del compromiso social y, a partir del mismo, del compromiso político. No creo en la revolución y la historia creo que abona este criterio. Aunque en nuestra mitología se pueda encontrar la “Revolución francesa” como uno de los orígenes de los derechos de las personas, tampoco podemos olvidar “El Terror” de Robespierre que siguió a la misma. Creo, por tanto, que la respuesta debe de venir dada desde el propio sistema, aprovechando los cauces institucionales que todavía quedan para volver a introducirles vida. Es necesaria una transfusión con sangre nueva. España necesita una segunda Transición.

¿Cómo llevarla a cabo?

Pues bien, visto que los grandes partidos políticos siguen autistas a estas demandas –ya hemos visto en lo que han quedado las reformas constitucionales prometidas por Zapatero que llegó a encargar al Consejo de Estado un exhaustivo informe al respecto-, creo que la única salida institucional sería que se consolide un partido político que sea capaz de reunir a personas de izquierdas y derechas, que se comprometan más allá de sus ideologías en el proyecto común de acometer esta Segunda Transición española. Sería algo así como lo que en su día ocurrió con la UCD de Suárez: un partido de “concentración nacional” para afrontar la necesaria reforma institucional. Un partido que debería lograr, como ocurrió en la Transición, que ese grupo social conformado por humanistas y profesionales, apoyado por una amplia base social, pierdan el miedo y salgan a la palestra pública. Un partido que logre que la gente excelente que tiene este país, grandes trabajadores, magníficos profesionales e intelectuales, reconquisten las instituciones y asuman las riendas de la “cosa pública”. Que logren expulsar a la casta de mediocres “mamones” –en el sentido de aquellos que maman- que, sin oficio pero sí con beneficio, hoy día han ocupado la política española para preocuparse de su propios intereses. Que vuelvan a entrar en política personas que, con reconocido prestigio, deciden sacrificar parte de su tiempo en una actividad de “servicio público”; porque el político, como “mandatario”, es en realidad “un mandado”, un representante que trabaja para los ciudadanos y se ocupa de los asuntos públicos que a todos nos incumben. Que se recuperen esos políticos para los que el ejercicio de la actividad pública era “un honor”, no un modus vivendi –como señalaba el otro día el exMinistro Otero-. No es un gran descubrimiento, ya lo dijo Cicerón, “quien bien ordena su casa, bien puede gobernar la patria”; y, a sensu contrario, quien no ha sido capaz de tener una profesión ni de ordenar su vida, que no venga a gobernar la de los demás…

¿Es UPyD la respuesta?

Si lo es, no lo sé porque no soy vidente, pero de momento sí que puedo apuntar algunos elementos que me invitan a pensar que, por lo menos, parece que ofrece algo de todo esto:

1º.- Ha compuesto un programa electoral en el que se afrontan de manera clara y creo que adecuada las reformas institucionales que necesita España –leído el mismo debo decir que comparto el 95% de sus propuestas en materia de reforma institucional y transparencia política-.

Además, lleva a gala ser un partido de corte nacional que defiende el mismo programa electoral en todos los rincones de nuestro territorio.

2º.- Ha sometido a primarias a todos sus cabeza de listas. Una de las principales medidas a adoptar para sanear el sistema es que se den verdaderos mecanismos de democracia interna en los partidos, algo con lo que parece que viene cumpliendo UPyD –ello a pesar de las críticas al personalismo de su líder-.

3º.- Ha servido para animar a que se comprometan políticamente personas de valía profesional e intelectual que, hasta el momento, no habían visto cauces para hacerlo. Es el caso de Irene Lozano, en Madrid, periodista de probado compromiso social o del propio Vargas Llosa; pero, en general, creo que es la tónica de sus listas en las que se pueden encontrar a profesores, abogados, funcionarios… ¡Personas trabajadoras y con profesión!

El necesario compromiso político

Termino con una cita de un gran pensador humanista como fuera Francisco de Vitoria que ya en el s. XVI dejó escrito: “Del mismo modo que el cuerpo humano no puede conservarse en su integridad si no hay una fuerza ordenada que organice todos y cada uno de los miembros para la utilidad de los demás, y sobre todo para el provecho de todo el hombre, eso ocurriría, sin lugar a duda, también en la ciudad si cada uno se preocupase sólo de su propio provecho y se despreocupase del bien público” (Sobre el poder civil).

Germán T.

Creo que sin lugar a dudas el movimiento del 15-M recoge una extendida sensibilidad ciudadana que se encuentra cansada, por no decir casi que asqueada, de un sistema político autista en el que sus actores se dedican, ante la falta de ideología y de un verdadero discurso, a lanzarse descalificaciones mutuas, a no aportar nada en la búsqueda del interés general y a dedicarse a privatizar en su propio interés el espacio que debería estar regido por el bien colectivo. Una tendencia, por otro lado no novedosa, pero que se ha puesto de manifiesto de manera obscena con la actual crisis económica: se ha demostrado cómo la soberanía democrática queda sometida a los dictados de una oligarquía económica. Son muchas las dudas que suscitan las respuestas dadas por nuestros políticos para generar “confianza” en los mercados y siguiendo las directrices de distintos organismos y sectores financieros. ¿Acaso no se podría haber inyectado directamente el dinero público a los ciudadanos en puesto de rescatar bancos sin que estos luego revirtieran el mismo a favor de las economías domésticas? ¿Ante los ataques especulativos no se podría haber regulado el mercado de deuda imponiendo tasas e incluso restringiendo las operaciones a corto en los mercados financieros? Son muchas las dudas que se suscitan y ante las que, como no soy economista, desconozco su respuesta más adecuada; sin embargo, intuyo que a lo mejor nuestros “representantes” políticos no han tomado las decisiones más ajustadas al interés de sus ciudadanos, sino guiados por sus grupos económicos más cercanos. Los mercados son necesarios –y han existido siempre-, pero lo que no pueden hacer es gobernar y sus conveniencias y dictámenes no son dogmas de fe (como ha ocurrido con la reforma de nuestra Constitución).

Así las cosas, si se une la crisis de representatividad y el autismo de los partidos políticos, la privatización de la política y la corrupción, la esclerosis de nuestro sistema institucional, se genera el cóctel explosivo que da lugar al 15-M. Los ciudadanos ya no se sienten representados por sus mandatarios, por aquellos a quienes les han dado su confianza para que gestionen los asuntos públicos, y se hace necesario responder. La gente, el pueblo, no renuncia a su soberanía, pero se da cuenta de que el sistema político institucional no le responde, se muestra autista. Y esto ocurre con independencia de las ideologías: no es un sentimiento ni de izquierdas ni de derechas; ni de extremistas ni de centristas; es un sentimiento de mera ciudadanía. Y, aún más, como ha demostrado el 15-O, es un sentimiento cosmopolita, de esa ciudadanía mundial que caracteriza el siglo XXI. Porque no sólo las transferencias de capitales y los mercados son internacionales, también la solidaridad y el espíritu cívico traspasa fronteras.

El problema es que, al final, vivimos –por suerte- en sistemas democráticos y, por tanto, esta respuesta ciudadana debe canalizarse a través de los mismos. Por más que el sistema esté atrofiado y que nuestros representantes políticos sean autistas a la voz de sus ciudadanos, tampoco podemos pretender “cargarnos” el sistema. Porque, sin duda, y a pesar de los pesares, como sistema, y con las necesarias correcciones, es el mejor que podemos pretender.

En este sentido me gustaría destacar varios aspectos. Creo que en torno al 15-M son muchísimos, millones, los ciudadanos que desde posiciones sociales y perspectivas personales muy distintas simpatizan con este movimiento. Simpatizan con el grito de “indignación” ante un sistema político decadente en el que es el “dinero” el que gobierna.

Ahora bien, más allá de ese punto de unión común, creo que se equivocan aquellos que participan de este movimiento cuando tratan de concretar medidas muy particulares y entran en posicionamientos políticos muy de detalle. Y es que la grandeza de este movimiento es que aglutina en torno a ese ideal común a personas muy heterogéneas, por lo que fuera del mismo probablemente no se puedan alcanzar acuerdos en cuestiones de programas concretos. Cuando empiezan a decidir sobre lo humano y lo divino esas asambleas, un tanto anárquicas, se terminan perdiendo adeptos y simpatizantes.

Por otro lado, y aunque en España el movimiento se mantiene con un profundo sentir cívico –a salvo algunos comportamientos aislados-, es cierto que al mismo lo sobrevuelan grupos antisistema –muy organizados por otro lado-, que esperan sacar ganancia en el río revuelto. A través de la denuncia de los males del sistema lo que pretenden en realidad es una impugnación radical del mismo, emprender la revolución que mantienen en su ideario. Ante los mismos, invito a toda la gente prudente a que reflexione. Al final no ha habido revolución (incluida la francesa) que no derive en tiranía y el grito en defensa del “pueblo” sin ningún límite se termina convirtiendo en que cada uno se toma la ley por su mano. Estoy muy preocupado porque hoy día, ante la desafección y el descrédito de nuestras Instituciones, tanto por la derecha más ultraliberal como por la izquierda revolucionaria, cada vez más se siente la llamada a acabar con el Estado. Unos y otros quieren reducir al Estado a su mínima expresión. Pues bien, creo que debemos ser cautelosos, porque aunque nuestro sistema necesite una reforma institucional muy profunda, si atacamos el fundamento del mismo al final a lo mejor nos quedamos en el estado hobbesiano de naturaleza: la ley del más fuerte.

Centrándonos en la respuesta nacional –porque lo cierto es que el 15-M en definitiva se ha convertido y tiene una naturaleza internacional-, España necesita de una reforma institucional que pasa por una profunda revisión constitucional. Los puntos son por todos conocidos: Estado autonómico y provincias, régimen electoral, Senado, independencia judicial, etc. Si no se logra dar una respuesta a las necesidades que van surgiendo al final el sistema puede terminar colapsando.

Lo decía el otro día en una entrevista en ABC Otero, exMinistro en tiempos de Suárez, que al final esto sólo tenía tres salidas: “Yo sería partidario de la gran coalición y trabajaré para convencerles, pero me hago pocas ilusiones. Si no se hace esa gran coalición, la solución dentro del sistema pacífico y democrático tendría que ser la de constituir una fuerza política cuyo único objetivo sea ese, que no se meta en derechas ni izquierdas, y que sepa que a lo mejor tienen que pasar quince años hasta que tenga fuerza de verdad. Eso puede ser el polo que atraiga al ochenta por ciento de la población española para arreglar el desmadre. Luego, hay otra posibilidad. La solución de esto puede venir también por algún drama“.

O los partidos políticos abandonan su autismo y afrontan con altura de miras la necesaria reforma del sistema; o se forma un partido de concentración –al estilo de lo que fue la UCD en su tiempo y como está siendo UPyD- que, más allá de cuestiones ideológicas de fondo, asuma aquella como la base de su programa; o esto se termina torciendo y no se descarta un drama –probablemente no una guerra civil pero revueltas y graves altercados del orden como se están viendo en otros países no serían de extrañar-. De hecho, cada vez vemos como surgen posturas más extremistas y la gente se está volviendo más intolerante.

La respuesta para lograr que este sentimiento ciudadano al final se canalice a través de los cauces institucionales adecuados es mucho más complicada. Saramago planteaba qué ocurriría si en unas elecciones todo el mundo votara en blanco… No sé, pero pienso que el remedio pasa por mucho compromiso ciudadano, porque la gente abandone posturas individualistas y decida cruzar la frontera, como se está haciendo con estas manifestaciones del 15-M –pero controlando a los antisistema-, alzando la voz para que se haga imposible ignorar las legítimas reivindicaciones e, incluso, nunca hay que descartar que haya ciudadanos que se decidan a adoptar posiciones de participación activa en la política para que, si no dan respuesta los partidos políticos “tradicionales”, surja en España –o se consolide UPyD si fuera la respuesta-, un partido que recoja estos sentimientos. Difícil, sí; pero no imposible.

Germán T.

Francisco de Vitoria

(Sobre el poder civil, 1528)

TRIBUNA: AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO

Esa antigualla de Montesquieu

AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO - EL PAÍS – 11/10/2011

La división de poderes no parece que le guste demasiado a nuestros políticos. Posiblemente piensen que como Montesquieu murió en 1775, su teoría no sirve hoy día para atender las necesidades del pueblo, por el que tanto se desviven, siendo suficiente con celebrar elecciones libres periódicamente. Por eso, aprueban siempre que pueden leyes que, retorciendo el significado de la Constitución, les permitan socavar la independencia del Poder Judicial. Sin duda, la más importante de ellas es la forma de elección de los 12 magistrados del Consejo General del Poder Judicial que, si a principios de la década de 1980 eran elegidos por los propios jueces (con un injusto sistema mayoritario, por cierto), desde 1985 son elegidos por las Cortes. Así que, primero, los designan entre el PSOE y el PP y después se reúnen Zapatero y Rajoy para consensuar el nombre del presidente del Consejo. Bien mirado, no deja de ser una forma de dividirse el poder.

Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios. Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.

Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma “inexplicable”, tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos. Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.

¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir “modificaciones” (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley. Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas “propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731″.

Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente “mensaje motivado” del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución. Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación. ¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política. Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)? Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.

La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política. Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.

Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas. Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.

Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional y profesor visitante en el University College de Dublín.

Flores d’Arcais

(El desafío oscurantista. Ética y fe en la doctrina papal – 1994 – Ed. Anagrama – pág.70)

Por circunstancias vacacionales llegaba a Londres justo los días en los que el Gobierno británico trataba todavía de controlar las revueltas londinenses y, la verdad, la situación me hizo reflexionar. Las imágenes que desde días antes veíamos por las televisiones de las batallas campales vividas en los barrios periféricos de la capital, contrastaban con su corazón, con un centro londinense de lujosas viviendas victorianas y cabalgatas de los mejores coches desfilando por sus calles. Un contraste que me trajo en mente el libro “1984” de G. Orwell: por un lado, esos “proles” que vivían alienados en “communities” (verdaderos guetos) hasta que un día, quien sabe, llegaran a estallar en revueltas; y, frente a ellos, los miembros del partido que vivían cómodamente “dentro del sistema”, aunque sin libertad. Porque, yo me preguntaba con mis amigos cuando veía cruzarse por las calles londienses apresuradamente a personas muy bien vestidas, con sus coches de marca, vigilados eso sí por las cámaras que llenan todo el centro de Londres: ¿de verdad serán libres o son esclavos de su trabajo y de un sistema económico-social que somete a las personas a la dictadura de la felicidad a través de la obtención de cosas materiales, del dinero…? A mayor abundamiento, pasé este verano también unos días por Marbella y en Puerto Banus me encontraba, en este mismo sentido, con el mayor de los exponentes de aquello que en un artículo llamaba el “elogio a la obscenidad”. Esa supremacía del lujo y lo suntuario a la que los romanos tuvieron que tratar de combatir en su momento ya de decadencia. Pecunia non olet…

En este contexto, creo que las Jornadas Mundiales de la Juventud nos ofrecen una de cal y otra de arena. El mensaje del Papa conviene leerlo con atención porque, frente a lo que otros puedan considerar, creo que nos encontramos ante un verdadero filósofo, un intelectual que tiene mucho que decirnos. Creo que su advertencia frente al individualismo, que fácilmente degenera en individualismo y en egoísmo, y su llamada a la búsqueda de valores universales, a la solidaridad y al compromiso con la comunidad, con la sociedad, a la humildad y al acercamiento a los más necesitados; son, creo, señales, invitaciones que debemos escuchar, ya sea desde la fe cristiana o desde la laicidad:

Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, no os conforméis con menos que Cristo. Precisamente ahora, en que la cultura relativista dominante renuncia y desprecia la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del espíritu humano, debemos proponer con coraje y humildad el valor universal de Cristo, como salvador de todos los hombres y fuente de esperanza para nuestra vida. Él, que tomó sobre sí nuestras aflicciones, conoce bien el misterio del dolor humano y muestra su presencia amorosa en todos los que sufren. Estos, a su vez, unidos a la pasión de Cristo, participan muy de cerca en su obra de redención. Además, nuestra atención desinteresada a los enfermos y postergados, siempre será un testimonio humilde y callado del rostro compasivo de Dios.

(Vigilia de oración con los jóvenes en Cuatro Vientos, 20 de agosto de 2011)

Del mismo modo, creo que en Madrid se pudo observar una juventud que mantuvo un ambiente muy sano. Miles de personas unidas, con ganas de pasárselo bien, de escuchar el mensaje del Papa, con devoción y fe. Me parece que, frente a otras imágenes que suelen darse en grandes congregaciones de jóvenes, las JMJ fueron también un ejemplo.

Ahora bien, decía también que una de cal y una de arena, y es que en el fondo las mismas también fueron expresión de esa sociedad de “masas”, en algunos casos de fanatismo –aunque no un fanatismo malsano pero sí un apasionamiento frenético-. El Papa era recibido casi como si fuera un cantante de rock, la gente lo vitoreaba con cánticos que bien podían servir para animar en un campo de fútbol. Más que la reflexión acerca de los valores, hubo mucho “culto a la persona”. Por otro lado, también como un apunte negativo, nos encontramos con algún brote de “indignados” que estaban emboscados en las cercanías de Sol para insultar y provocar. Sin embargo, frente a estas faltas de respeto, la contestación no es, como daban algunos, “viva España católica” (consigna bastante distinta a un “vivan los católicos de España” –la cual sí que podría ser admisible-), sino la simple indiferencia ante quienes mantienen conductas maleducadas, antidemocráticas e incitadoras de odio y de violencia.

Por último, el cierre del verano, y el inicio del curso político, lo hemos tenido ahora con una reforma constitucional. Nos dicen que hay que darle “confianza a los mercados”; que “Europa quiere…”; que se trata de una modificación “necesaria” para nuestra economía en un momento de emergencia por una grave crisis. Pues bien, en tal contexto, nuestros políticos se conciertan para acometer la reforma de nuestra Constitución y ello, además, sin pedir –en principio- cuentas a sus mandantes, al pueblo soberano.

Y así, de todo este coctel de cosas, me vienen algunas reflexiones a vuelo pluma.  Reitero, en primer lugar, mi preocupación por una sociedad volcada en hacer elogio de lo obsceno; que ha perdido cualquier referencia hacia valores universales y se centra en el placer individual; una sociedad de masas esclava de un consumismo exacerbado y en la que el egoísmo prima sobre los valores humanistas. En este punto creo que, siguiendo al Rey de Buthán, convendría proclamar una modernización que no olvide aquello que él ha llamado la “Felicidad Interior Bruta” y un espacio público regido por la virtud.

Me preocupa enormemente ver la polarización de la sociedad, los brotes de extremismo y la falta de tolerancia; ello, además, en una sociedad cada vez más fraccionada ideológica y culturalmente.  Ese egoísmo e individualismo al que hacía referencia está consiguiendo que cada vez estemos menos dispuestos a escuchar a otros, a tratar de comprender sus “razones” y a imponer “nuestra verdad”. En una sociedad que, de hecho, cada vez es más plural; sin embargo, nosotros, los ciudadanos, cada vez somos menos tolerantes.

En puesto de buscar puntos en común que faciliten nuestra convivencia conjunta, de buscar consensos; se pasa a la imposición, a anatemizar a quienes piensan distinto. O una España laica, o una España católica; República o Monarquía… Vemos también los brotes xenófobos que se han extendido por Cataluña o los nacionalismos cada vez más exacerbados. No nos damos cuenta de que estamos dinamitando los puentes sobre los que habíamos construido nuestra convivencia, la idea de una España plural en la que convivir.

Por otro lado, contemplamos como en esta crisis económica resurge y diría que se refuerza el imperio neoliberal. Esta crisis económica ha servido para destapar de manera meridiana cómo vivimos bajo un “imperio del dinero”: quod pecuniae placet legis habet vigorem (aquello que le place al dinero es ley).  El mercado quiere, el mercado pide, el mercado necesita… ¿Pero, quién es el mercado? ¿Quién está detrás de los movimientos especulativos que están causando esta crisis? ¿Por qué no se les pone freno? ¿Por qué no se gravan las transacciones a corto plazo o incluso se prohíben este tipo de operaciones especulativas en las bolsas y los mercados de deuda pública?

Se imponen las teorías neoliberales. Y es que, en esta crisis, en puesto de haber respondido con la fuerza de la política vemos como nos hemos plegado a las directrices de los mercados. Por mi parte, creo que la única salida a esta crisis pasa por una contundente respuesta imponiendo la fuerza soberana. A quien se está enriqueciendo causando graves daños no hay que responderle con una confianza que no quiere –ya que la base del enriquecimiento especulativo está en la generación de incertidumbres-, sino por medio de la regulación y la limitación. Vemos como los mercados nos gobiernan, dictan leyes, y ahora hasta imponen reformas constitucionales.

Por último, nos enfrentamos ante una seria crisis de la política y de nuestras instituciones. En primer lugar, por lo que decía anteriormente, nuestros políticos se han convertido en los principales paladines de la confrontación y la falta de tolerancia. Pero es que, para colmo, para lo único que se ponen de acuerdo son para cumplir los mandatos de los mercados y para adoptar medidas para blindar su propio poder (como el pacto antitransfuguismo). Un ejemplo de esa “privatización de la política” a la que ya hice referencia en un artículo.

Todo ello se presenta, además, en un marco de crisis de la representatividad. Esa privatización de la política ha llevado a que los ciudadanos no se sientan identificados con sus representantes políticos. Las instituciones se muestran atrofiadas, incompetentes para poder afrontar los problemas públicos –en buena medida porque se rigen sobre la base de intereses privados: intereses de los mercados, intereses partidistas…-. Surgen así movimientos “indignados” o incluso “revueltas” como la londinense. Aunque no nos debemos olvidar, como nos demuestra la historia, que la democracia representativa es el mejor (o el menos malo) de los sistemas posibles, si bien una sociedad no puede avanzar con unas instituciones amortajadas que no generan confianza en sus ciudadanos. La confianza que hay que pretender no es entre el Estado y los mercados; sino entre el Estado y sus ciudadanos –y ésta, por cierto, cada vez está más deteriorada-.

Ahora bien, advirtamos también los riesgos de las tendencias plebiscitarias, y para ello me remito al artículo que dediqué al 15-M. Lo que ahora vivimos es una “corruptela” del sistema político, de nuestro orden institucional; y ello no puede llevarnos a una impugnación total de su esencia, sino que lo que tenemos es que esforzarnos para que el mismo vuelva a reconducirse. El Estado constitucional, como Estado social y democrático de Derecho, necesita de una reforma, sobre todo el sistema de partidos políticos, pero no puede ser impugnado en su esencia. Y ojo, que las llamadas a sistemas plebiscitarios  de participación directa y con un “pueblo” que pueda llegar a actuar como soberano ilimitado, pueden constituir  un ataque a la esencia de lo que significa un Estado constitucional en el que, centrado en los valores de la libertad y el pluralismo, no haya ningún poder ilimitado. Y es que, cualquier poder ilimitado, aunque persiga los más nobles fines, parafraseando a I. Berlin, se puede convertir en la mayor de las tiranías (aunque sea una tiranía de una mayoría).

Termino con unos breves apuntes sobre mi oposición a la reforma constitucional:

1.- Me opongo a una reforma nacida con el ánimo de “complacer a los mercados”. Como he señalado, a los mercados lo que hay que hacer es regularlos y no allanarnos frente a ellos hasta el punto de reformar nuestra Norma Básica. Es más, frente a lo descrito por el Prof. Pérez Royo, y por más que la misma se integre dentro de una línea de actuación conjunta europea, creo que España debiera haberse resistido a la misma y no tiene que ser siempre la primera en tirarse a la piscina. Creo en Europa, pero tal creencia no es acrítica, y, por tanto, debiéramos reflexionar y someter a la consideración del pueblo. No me vale eso, como el himno legionario, de que con Europa “con razón o sin ella”.

2.- Se trata de una medida que se vende como adoptada para superar un momento de emergencia. Pues bien, por un lado, esto es falso ya que la medida entrará en vigor en 2020, momento en el que, D.M., la crisis ya habrá sido superada.

3.- Pero es que, además, ante una crisis coyuntural lo que no podemos hacer es modificar una Constitución cuya vocación es de permanencia. Esto demuestra cómo la finalidad última de quienes han promovido (fuera de nuestro país) estas reformas constitucionales en Europa, en realidad lo que quieren es aprovechar esta crisis para imponer pro futurum unos límites neoliberales en nuestros Estados. Como señalaba creo que acertadamente Jordi Sevilla, esta tendencia a limitar las posibilidades de endeudamiento de un país supone la victoria de ciertas doctrinas neoliberales que pretenden la minimización de las posibilidades de actuación de los Estados.

4.- Se trata de una reforma cuyos “fines” podrían haberse alcanzado directamente a través de Leyes orgánicas, sin necesidad de esta nueva norma constitucional.

5.- En cualquier caso, una reforma que tiene un contenido ideológico tan importante y que comprometerá para el futuro las posibilidades de financiación de nuestro Estado, requiere al menos que el pueblo soberano sea consultado ante una modificación sustancial de su Norma Básica.

6.- Una vez incluida en la Constitución esa norma de la “estabilidad presupuestaria”, ¿cómo se hará cumplir? La Constitución no es una mera declaración programática sino que tiene un pleno valor normativo y sus preceptos están para ser cumplidos. Todavía no llego a saber bien bajo qué procedimiento constitucional se controlará el cumplimiento de esta norma -lo que le faltaba al Constitucional…-.

7.- Para colmo, me fastidia enormemente y creo que incide todavía más en ese sentimiento de falta de representatividad, ver cómo durante dos legislaturas la clase política no ha sido capaz de acometer la reforma constitucional que llevaban en los programas electorales y que se sabe necesaria; y, sin embargo, en 15 días abren nuestra Carta Magna para acoger un innecesario mandato de los mercados, de Europa o del Sursum cordam.

 Germán T.

(Máxima del humanismo político)

I. Berlin

Prólogo a la obra de S. Mill “Sobre la libertad”

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 ¿Qué es la Democracia y cuál es su esencia?

 El concepto de Democracia que mantengo es claramente Kelseniano: la Democracia en sí misma no es más que un mecanismo para la producción de la voluntad general, es decir, para la adopción de las decisiones políticas –aquellas que nos vinculan como miembros de una sociedad organizada-.

 Un sistema que se fundamenta en dos grandes principios: la propia libertad, entendida en su doble sentido: como libertad positiva (de los antiguos), es decir, la libertad de los ciudadanos de autodeterminarse y participar de las decisiones que le vinculan; pero, también, que no puede olvidar a la libertad negativa o libertad individual, que es la libertad de los ciudadanos de permanecer exentos de intervenciones o mandatos externos –sobre esta cuestión véase “dos conceptos de libertad”-. El otro principio fundante de la Democracia debe ser, por tanto, la igualdad: todos los ciudadanos al participar políticamente y expresar su voluntad son iguales.

 En este sentido, siguiendo a Kelsen, el sistema democrático permite así, con la participación de los ciudadanos (libertad positiva) en condiciones de igualdad, promover la libertad en el grado más alto a través de un sistema de adopción de decisiones mayoritario, que busca alcanzar el consenso, y que en todo caso debe respetar también la posición de la minoría.

 Y es que, y es aquí algo importante, frente a las teorías comunitaristas, creo que la Democracia ha de tomar como base la libertad y el respeto al pluralismo. Debemos respetar que las personas pueden tener visiones distintas y, por ello, nadie puede imponer su concepción del bien o de sus propios valores. De esta idea nacen así los derechos fundamentales como contralímites al propio poder político.

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 El  necesario modelo de Democracia de partidos

 Siendo estas las bases sobre las que creo que debe asentarse el propio concepto de Democracia, un sistema democrático se puede organizar de diversas formas. Fundamentalmente podemos distinguir dos tipos: aquellos que se basan en la formación de la voluntad general a partir de la participación directa del propio pueblo (plebiscitarios); y aquellos que son de tipo representativo, donde los ciudadanos eligen a quienes van a ser sus “mandatarios” en la adopción de las decisiones políticas (el pueblo es el “mandante”).

 Ocurre que en sociedades heterogéneas y con gran base social como las nuestras, sólo cabe un sistema democrático de tipo representativo. A pesar de las oportunidades que hoy día nos ofrecen las nuevas tecnologías, creo que el sistema político ha de ser preferentemente representativo –ello, como luego diré, no impide que se introduzcan en él elementos plebiscitarios-. Y es que, por más que desarrolláramos mecanismos técnicos que nos permitieran a todos los ciudadanos adoptar de manera directa las decisiones políticas y pudiéramos eliminar así el Parlamento, sin embargo esto presentaría sus problemas de fondo. Un sistema plebiscitario elimina prácticamente las posibilidades de reflexión y discusión racional sobre las que se debiera sustentar el parlamentarismo –al menos en teoría- y reduce la decisión política a un “sí” o un “no” sobre una determinada propuesta. Algo que, como advierte Fraenkel, puede terminar llevando a concepciones “unitarias” de la voluntad general y presenta una tendencia proclive a derivar en sistemas personalistas e, incluso, en “dictaduras-cesarísticas”.

 Dentro del sistema representativo, además, creo que debemos asumir también de forma necesaria el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos son entes esenciales para articular la voluntad de los ciudadanos en sociedades de masas plurales como la nuestras. En este sentido, Kelsen nos recuerda que los partidos políticos tienen por tanto una importante función constitucional dentro del sistema democrático, y los define como “órganos de la formación de la voluntad del Estado” que deben servir a la racionalización del poder.

 Ahora bien, eso no quiere decir que los partidos políticos sean los “soberanos” que controlan la voluntad última; y para evitar esta tendencia hay que buscar mecanismos jurídico-institucionales para que los partidos políticos respondan a los intereses y voluntad de los ciudadanos. Esa es la clave de la auténtica democracia, la “democracia real”, o, por decirlo en otros términos, la “esencia de la democracia”. Lograr un sistema político representativo que verdaderamente responda a los intereses y voluntad ciudadanos.

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 ¿Por qué hablamos de una crisis del sistema democrático? La privatización de la política

 La crisis de la Democracia puede venir dada por causas o motivos y desde su nacimiento tras las revoluciones liberales de finales del XVIII, el sistema democrático ha ido evolucionando y enfrentándose a situaciones de crisis. Así, en el siglo XX, por ejemplo, después de la caída del sistema de Bismark en Alemania y la I Guerra Mundial y tras el colapso de la Constitución de Weimar y la II Guerra Mundial, se tuvo que plantear una verdadera crisis del sistema democrático. El sistema democrático había propiciado la llegada al poder de partidos políticos como los nazis en Alemania, el fascismo italiano, o los partidos bolcheviques. De hecho, este era el punto de partida tanto de las obras de Kelsen como de Fraenkel y de otros muchos autores, los cuales siendo unos creyentes en el sistema democrático, sin embargo observan la necesidad de reforma y de corrección del mismo.

 Hoy día creo sin lugar a dudas que nos volvemos a enfrentar a una nueva situación de crisis del sistema democrático que hunde su razón en la ruptura del vínculo representativo entre los partidos políticos y sus representados. Es una comunis opinio el malestar con los políticos en nuestros países y, de hecho, ese movimiento que dado lugar a la spanishrevolution, donde un conglomerado más bien heterogéneo de personas, sin embargo mantienen como denominador común el descontento hacia el sistema político.

 A partir de aquí hay varios elementos que resaltar. En primer lugar, creo que el problema base lo encontramos “privatización de la política”. Una privatización de los intereses de los partidos, en contraposición al interés general; pero, también, una privatización de su estructura y vida, que ha llevado a una privatización última del sistema político.

 Los partidos políticos tienen que pretender el interés general. Una afirmación que parecería de Perogrullo pero que en muchas ocasiones parece olvidarse. Cualquier partido tiene, por supuesto, su propio “interés de partido”, en el sentido de que han de tener su propio ideario y sobre la base del mismo construir sus propramas políticos; pero no nos confundamos, esto no es tanto un fin último. Los partidos políticos tienen que ser representantes de los ciudadanos con miras a alcanzar ese bien general. Es cierto que, como el bien general luego hay que concretarlo, cada partido presenta un determinado programa político; y, aquellos que obtienen la mayoría, entonces se deben proponer la realización del mismo.

 Ocurre que esto se olvida actualmente. Los políticos tienen como fin último el ganar elecciones sin más. Eso no es así. Ganar unas elecciones no es un fin último, sino un medio. Las elecciones en una Democracia son el sistema, el mecanismo para determinar quién tendrá  la capacidad de decidir. El fin es la consecución de ese bien común. Pensar única y exclusivamente en el interés electoral, es una forma de privatizar la política.

 Por otro lado, los partidos políticos se han convertido en estructuras cuartelarias donde el culto al líder político es la norma general. Si el mandato representativo debe ir siempre de abajo arriba; los partidos político son ahora justo lo contrario, y las decisiones se adoptan de arriba hacia abajo. Se da un control de las cúpulas de los partidos sobre el propio partido y sus militantes.

 Esto, unido con lo anterior, intoxica la propia función y fines que les debe corresponder a los partidos políticos, como decía. Se vive una fase de “reducción” del interés público hasta llegar a su última privatización, hasta pervertir el sistema político y convertirlo en un mecanismo para realizar intereses privados, particulares, egoístas. En ese proceso de reducción, pasamos de defender el interés general al interés del partido; y el interés del partido al final se termina identificando con el interés de la cúpula del mismo. Lo cual, suele ser, simplemente el interés por llegar al poder.

 El sistema de partidos se convierte así en una lucha por el poder. No importan ideologías ni programas, no importa el interés de los ciudadanos; al final, lo importante, es ganar las elecciones para llegar al poder. Llegar al poder por llegar facilita, como es lógico, supone llegar al poder para medrar –no para gobernar-. Ya hablé en algún momento de esta privatización y su relación también con la corrupción en la política.

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 Leyendo a los clásicos para buscar algunas respuestas

 Partíamos de que hoy día sólo podemos entender un sistema de gobierno democrático, con participación de partidos políticos, pero en el que éstos no sean los dueños y señores de la Democracia, sino catalizadores de la voluntad ciudadana y servidores al interés de estos. ¿Cómo conseguirlo? Esa es la clave en la que quiero adentrarme ahora, tomando prestadas algunas ideas que hace ya un siglo esgrimían algunos de estos clásicos del pensamiento jurídico-político –tristemente por algo son “clásicos”- e introduciendo también algunas mía.

 Ante la crisis del parlamentarismo vivida en el siglo XX, Kelsen proponía un reforzamiento del elemento democrático. En este sentido, en primer lugar propone la adopción de medios que den una mayor participación a los ciudadanos en la adopción de las decisiones políticas. Así, por ejemplo, ampliar las posibilidades de iniciativas legislativas populares o facilitar la realización de referendos, incluso legislativos –algo con lo que soy un tanto crítico-.

 Sí que creo que creo que serían de absoluta necesidad la adopción de medidas que permitan una mayor exigencia de responsabilidad a los políticos y el control de la labor política. En este punto, tanto Kelsen como Fraenkel, plantean una reforma del mandato imperativo que desvincula a los políticos de los ciudadanos una vez que están elegidos.

 En este punto, yo planearía varias posibilidades. Por un lado, medidas que desde el propio sistema electoral acerquen a los representantes políticos a sus ciudadanos. Si bien es cierto que he defendido el sistema de partidos, creo sin embargo esencial que los ciudadanos no entreguen su voto sin más a las siglas de un partido, sino que sepan en concreto quién va a ser su representante y éste responda ante los mismos. Así ocurre en el modelo anglosajón donde, y eso forma parte de su cultura democrática, ante cualquier problema los ciudadanos se dirigen directamente a sus diputados. Para ello cabría plantear fórmulas de listas abiertas, o circunscripciones electorales pequeñas donde se elijan a pocos diputados, aunque esto último puede tener un problema ya que fomenta tendencias mayoritarias. Por otro lado, la incorporación a los órganos parlamentarios de una “comisión de peticiones” a la que los ciudadanos pueden dirigirse también es un elemento más de ese acercamiento.

 En cuanto al control de la labor política, creo que hoy día es necesario profundizar en mecanismos de transparencia de toda la actividad política. Aunque los ciudadanos no participen directamente en la adopción de las decisiones, sí que deben poder tener información de cómo se están llevando a cabo y, aún más, se deberían abrir con mayor facilidad cauces para que la sociedad civil tuviera una voz más clara en el procedimiento legislativo. Habría que volver a dotar de vida a las “audiencias públicas” en el Parlamento, donde expertos y grupos de interés expusieran sus posiciones. Actualmente, al Parlamento llega ya todo cocinado desde el Gobierno, al cual se subordina el grupo parlamentario mayoritario (algo también denunciado por Fraenkel), y, por ello, la parte importante de las negociaciones se hace en sedes ministeriales cuya actividad es bastante menos transparente. Registros públicos de los lobbies políticos y de los financiadores de los partidos políticos serían medidas que darían una mayor transparencia y ayudarían a intuir los intereses particulares que mueven unas u otras iniciativas políticas.

 Más allá, propondría también algunas cautelas para prevenir o controlar las actuaciones de los políticos por motivos ajenos al interés público. En particular, sería bueno que existiera un registro claro del patrimonio y de los intereses económicos de los representantes políticos e, incluso, de sus familiares inmediatos. También creo que, a un cierto nivel, sería conveniente introducir un régimen severo de incompatibilidades para el ejercicio de determinadas actividades económicas después de haber sido elegido como cargo político –aunque eso suponga tener que mantenerles durante un tiempo un sueldo-. El caso claro lo tenemos con los expresidentes del Gobierno.

 En cuanto a la responsabilidad jurídica de los políticos, Kelsen propone una revisión del privilegio de la inmunidad. En España no estamos teniendo los problemas que en Italia se han visto con políticos que se esconden tras este privilegio para evitar su enjuiciamiento penal; sin embargo, sí que soy favorable a que, al menos, el sobreseimiento de una causa penal por causa de inmunidad sea tan sólo provisional –y casi apuraría diciendo que interruptor de la prescripción del delito-, de modo que cuando esa persona abandone el cargo político pueda, en todo caso, ser enjuiciado por el mismo.

 Ahora bien, una de las claves para la revitalización democrática del sistema creo que pasa, como señala Fraenkel, por reforzar el sistema plebiscitario en el seno de los propios partidos políticos: democracia interna. Aquí el sistema americano fue y sigue siendo ejemplar. Las primarias son un elemento excepcional de democracia interna y de selección de los líderes políticos. Algo que ayudaría, además, a que subieran aquellos que verdaderamente son los más aptos para gobernar, como exigía Kelsen; y no los más aptos para “medrar”, que son los que últimamente triunfan más –con honrosas excepciones- dentro de nuestros partidos. Hay que fomentar un verdadero concurso público entre los mejores para que sean estos los que nos lideren. Personas aptas, preparadas, que hayan trabajado, que tengan sus oficios, y que, en un momento de sus vidas, se deciden a entregarse altruistamente para el trabajo a favor de la cosa pública. ¿Suena a mito…?

 Del mismo modo, creo que los partidos políticos tienen que recuperar su discurso ideológico; propiciar un verdadero debate de ideas y, sobre la base del mismo, concretarlo entonces en medidas o acciones políticas específicas. Fraenkel decía que los partidos políticos son como grandes casas que incorporarían muchos apartamentos que reúnen a personas que se identifican con una política global, pero no necesariamente con todas las posiciones políticas del partido. Esa línea de pensamiento global es lo que yo identifico con la ideología, el ideario de un partido; algo hoy día perdido. ¿Qué es ser socialista? ¿O popular? Creo que los partidos políticos no tienen una ideología de base con la que identificar a los ciudadanos y que sirva de llamada para que participen en su seno por compromiso ideológico –no por interés-.

 Por último, diré que en definitiva y más allá de reformas institucionales, es necesaria una sociedad civil fuerte y comprometida políticamente. La educación democrática y el compromiso político de los ciudadanos son esenciales. Si al final los propios ciudadanos se mueven sólo por intereses egoístas y no se preocupan de la res pública, no podemos pedir entonces que nuestros “representantes” políticos se comporten de manera diferente. Si nosotros nos dedicamos a evadir impuestos porque pensamos que el Estado es un ladrón, luego no nos quejemos cuando los políticos traten también de sacar provecho del mismo. Reitero: el compromiso político de los ciudadanos es un ingrediente esencial para que las cosas empiecen a cambiar.

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 ¿Cómo veo este movimiento de “democracia real”?

 Es una expresión de un sentimiento general y, en principio, soy favorable a cualquier manifestación que denote ese compromiso político y la viveza de la sociedad civil, en contra del anquilosamiento partidista que nos rodea. Además, es otra muestra más de la fuerza que hoy día las nuevas tecnologías están adquiriendo en la información y movilización ciudadana.

 Sin embargo, miro con cautela el riesgo de intoxicación con algunos lemas que van más allá de la base común que por muchos es compartible. En este sentido, ha estado bien la decisión adoptada por los manifestantes en Sol de controlar las banderas que se querían exhibir y han sido ejemplo en el mantenimiento del orden público. Ahora bien, el liderazgo o la voz de este grupo no puede quedar en manos de aquellos más radicales, normalmente de grupos antisistema o de grupos con ideologías más extremas –aquí generalmente de izquierdas-; sino que se deben buscar personas que sepan atraer el consenso de esa gran masa de población descontenta con la deriva del sistema de partidos actual y ello en torno a unos lemas muy claros y bien definidos.

 Por otro lado, me preocupa la llamada a la insumisión y, sobre todo, el afán por sentirse como el “verdadero” pueblo que se impone a las instituciones del Estado. Un grupo de personas reunidas, a pesar de su elevado número, no son titulares en sí del poder político y han de estar sometidos por igual al imperio de la Ley. Somos un Estado democrático, pero también un Estado de Derecho, y parece que esto último se olvida con mucha facilidad. De ello se deriva que las leyes han de emanar de la voluntad del pueblo (en este caso a través de nuestras instituciones representativas), pero no por ello se pueden cambiar como se quieran, sino que hay que respetar el ordenamiento. Eso es un Estado de Derecho.

 No voy a entrar en consideraciones de fondo acerca del mayor o menor acierto jurídico de la Junta Electoral Central (JEC) ordenando la prohibición de este tipo de manifestaciones en el período de reflexión –aunque sí que intuyo que asistían razones jurídicas serias a la JEC para adoptar tal decisión-. Pues bien, una vez adoptada hay que respetarla y, en su caso, recurrirla ante los órganos competentes. Lo que no se puede hacer es declararse insumisos a ella y menos aún creerse con una legitimidad superior por el hecho de ser un grupo amplio de personas para imponerse a los órganos democráticos competentes para resolverlo.

 Ahora nos puede parecer muy bonito el decir que la JEC ha atentado contra nuestros derechos fundamentales y por tanto nosotros mismos (hablando por boca de los manifestantes), jueces y parte en el asunto, decidimos que no la respetamos. Pues muy bien, cuando salen a la calle un millón de personas criticando la Ley del aborto, por ejemplo, o la educación para la ciudadanía, como ellos también consideran que se han vulnerados derechos fundamentales, pues no cumplen con las mismas. Una vuelta a la ley de la selva.

 Creo, y así lo he defendido en reiteradas ocasiones, que no cabe un derecho de resistencia en sociedades democráticas. Las leyes podemos criticarlas; ejercer, como decía Kant, nuestra “libertad de pluma”, que es el último baluarte que le queda al pueblo en la defensa de sus intereses; pero no enfrentarnos activamente y declararnos insumisos. Son muchos los mecanismos que tenemos, empezando por el recurso a la jurisdicción ordinaria, el amparo constitucional o, incluso, por encima tenemos también órganos jurisdiccionales internacionales. Y luego, por supuesto, recursos políticos. Pero nunca la insumisión. Recordando a Sócrates diré que podemos pensar que una decisión es justa o injusta, acertada o equivocada; pero no hay mayor injusticia que el propio incumplimiento de la Ley.

 Sería bueno que estos movimientos no sean efímeros y sirvan para comenzar un debate serio a nivel social sobre cómo enfrentarnos a esta partitocracia que hoy día nos domina y estimulen así a una gran parte de los ciudadanos hasta ahora adormecidos y desencantados pero a los que les gustaría comprometerse y pensar que “otro mundo es posible”.

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 Sin Democracia sólo hay dos las alternativas: o una autocracia o el retorno a la anarquía, a la ley del natural. Ahora bien, cuando sus ciudadanos no se sienten identificados con sus partidos políticos, es la muerte de la Democracia. Como escribe Saramago en su libro “ensayo sobre la lucidez”, ¿qué ocurriría si los ciudadanos en un golpe de lucidez votaran todos en blanco? Es un síntoma de esa muerte de la Democracia. Por ello nosotros, jóvenes, debemos estar atentos, preparados para volver a defender ese Estado democrático real que tanto ha costado conseguir, volver a la luz ilustrada, y, para ello debemos aprender de la historia, que como dijera el gran maestro Cicerón, es “ testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuncia vetustatis” .

Germán Teruel

PD. Os dejo también el comentario de José Luis Pardos:

 http://joseluispardosperez.blogspot.com/2011/05/segunda-visita-la-democracia-real-en-la.html