Según informa EL PAÍS, la Xunta de Galicia pretende que los padres de los alumnos de Educación Infantil voten en cada aula el idioma de enseñanza para sus hijos.
Tal intención, recogida en el borrador del nuevo decreto sobre enseñanza lingüística, pretende sustituir a lo aprobado por el gobierno de Pérez Touriño, que no hizo más que desarrollar la línea política instaurada por Manuel Fraga.
La noticia completa (leer aquí) es también interesante, pues informa además de los modelos catalán y vasco, de los que tanto se habla y tan poco se sabe.
De todo lo anterior me surge una duda. Yo tenía entendido que la elección del idioma de enseñanza y aprendizaje es un derecho individual, es decir, que cada persona lo ejerce en función de sus preferencias; así cada familia puede escolarizar a sus hijos, en este caso, en español o gallego según estime oportuno. Sin embargo, con este decreto se persigue que la decisión se realice a criterio de la mayoría; por tanto, ¿no se están vulnerando derechos individuales?. Juristas de bien, echad una mano.
Por otro lado, no sé si la Consejería de Educación gallega prevé que si en un aula, por ejemplo, la mayoría decide que se emplee el español, aquellos padres que deseen el gallego como lengua vehicular puedan solicitar el cambio de grupo, lo cual demostraría el sinsentido de la norma.
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Es preocupante lo que está ocurriendo con los idiomas cooficiales en España. La diversidad lingüística de nuestro país es, como toda expresión de la cultura, una riqueza. Sin embargo, estamos haciendo de ella un elemento de discriminación y exclusión.
Escribía Federico Mayor Zaragoza que «la diversidad cultural y lingüística es nuestra riqueza. La unión es nuestra fuerza». Nosotros estamos convirtiendo nuestra riqueza en flaqueza…
Por intuición jurídica diré que la educación en la lengua oficial que cada alumno quiera, ha de ser considerado como un derecho básico y personal, el cual no puede subordinarse a mayorías o votaciones. Lo digo por intuición, pero si no fuera así desde luego creo que debiera reconocerse de esta manera.
Creo que, en todo caso, y vista las situaciones de tal gravedad que se están planteando, apremia la adopción de un Pacto de Estado -ahora tan de moda y tan necesarios- sobre la cuestión lingüística, que regule de manera armónica desde la educación al acceso a la función pública, y fije de paso unos límites a esas políticas de «inmersión lingüística» y a ciertas «policías del lenguaje».
Traslado aquí uno de los últimos artículos de Pérez Reverte que bajo el título «Chivatos ejemplares» denuncia la sanción impuesta a un joven por mostrar su desacuerdo con la exigencia de hablar catalán para trabajar en la sanidad balear (expresión de la «policía del lenguaje»).
Sin duda espero que éste sea un caso singular y extremo. Aunque no deja por ello de ser una sorpredente aberración y de poner de manifiesto lo imperioso de lo antes dicho: regular convenientemente y a nivel nacional la cuestión lingüistica. Y que no se tenga miedo a que se regule a nivel nacional, eso sólo significa y garantiza que se de participación a todos, a quienes tienen un idioma cooficial propio y a quienes no lo tenemos. Porque, de momento, todos viajamos en el mismo barco y a todos nos afecta el sentido en el que el otro rema.