14N: ¿dónde está la Fiscalía?

14N: ¿dónde está la Fiscalía?

Artículo publicado en La Verdad el 24 de noviembre de 2012

 Como ciudadano me encuentro consternado por los excesos policiales vividos en Murcia el 14N y en particular por la desproporcionada carga policial frente al Corte Inglés. Excesos que, a aquellos que somos jóvenes, nos rompen los esquemas de la “policía al servicio de los ciudadanos” propia del marco constitucional en el que nacimos; y, que, a aquellas otras generaciones con más recorrido vital, las retrotraen a tiempos que creíamos ya superados. Y es que las imágenes del 14N recuerdan a esas carreras ante los grises que a unos nos han contado y que otros vivieron en rancios momentos de nuestra historia reciente. Algo intolerable y que debe repugnar a cualquier persona con sentido democrático -y ello por más que no se compartan las formas de algunos de los manifestantes, aunque sea dicho que en ningún caso eran violentas aunque sí que pudieran escucharse insultos-.

            Tales excesos policiales no pueden quedar impunes. Las imágenes que han circulado por toda la Región son una notitia criminis que exige respuesta, al poner de manifiesto lo que puede constituir un concurso de graves delitos: la desproporción en el uso de la fuerza pública vista en esa manifestación es palmaria y como consecuencia de ella hubo ciudadanos heridos. La Delegación del Gobierno debe actuar, pero sobre todo la Fiscalía de la Región, más allá de su posición en los concretos procesos penales iniciados por los ciudadanos agredidos, debería de oficio abrir diligencias “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”, tal y como manda nuestra Constitución. Nos estamos jugando el crédito de nuestras instituciones democráticas. La violencia, venga de un lado o de otro, sólo genera violencia y disturbios, tensión social y pérdida de respeto por las reglas y valores de convivencia democrática.

            En una situación de crisis y de esclerosis política como la actual, España anda sobre una delgada cuerda. No hace tanto que ya vivimos una “dictablanda” y una negra “dictadura” que caracterizaron el siglo XX en España. Pero no hay que echar la vista atrás: ¿quién iba a decir hace unos pocos años que Grecia iba a estar donde está hoy? ¿quién podía siquiera imaginar que en pleno siglo XXI nos íbamos a encontrar con que en las calles de un país europeo se iba a volver a reproducir la imagen de grupos neonazis ejerciendo funciones de orden público y provisión social ante el desmantelamiento del Estado? Se dice: España no es Grecia, y es cierto; pero ejemplos tan cercanos nos deben hacer pensar, porque nadie queremos tener que poner nuestras “barbas a remojar”. Hay sendas que son muy resbaladizas, y más en tiempos de crisis y de descrédito de la política, por lo que es muy importante que nuestras convicciones democráticas no se deterioren.

            Es por ello que es “sano” democráticamente que exista una gran movilización social en nuestro país. Ciudadanos que no se resignan a que la política siga esclava de intereses de minorías privilegiadas y gobernada por una casta política autista a los ciudadanos a quienes debieran representar. Defendemos nuestra “democracia” frente a la degeneración “plutocrática” de banqueros y políticos que hoy se impone.  Pero la respuesta debe ser siempre desde el civismo más absoluto, usando la fuerza de la democracia y afirmando sus valores y el respeto a sus instituciones –que no la sumisión a sus excesos y corruptelas-. Por ello hay que repudiar por un lado a aquellas minorías que enturbian iniciativas pacíficas con actos violentos o con insultos y que proponen modelos “anti-sistema”, pero, sobre todo, se debe exigir respeto y protección de las autoridades públicas, y por ello se han de repudiar excesos como los vividos. A ellas les corresponde una mayor responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones de convivencia democrática y, desde luego, alzar la “porra” no es la mejor manera. No es una opinión, se trata de un mandato constitucional y de una prescripción legal. Y, en cuanto a los políticos, resultan igualmente indignas las declaraciones “criminalizadoras” realizadas frente a algunas de estas iniciativas ciudadanas. Ciertamente para quienes se han convertido en “casta” e ignoran a los ciudadanos, una movilización de éstos expresiva de un sentimiento democrático es un “golpe de Estado”.

            Pero, ¿en qué Estado creemos y por qué modelo de Estado nos comprometemos? ¿Estado constitucional o Estado policial? ¿Ciudadanos o partitocracia y oligarquía financiera? Aquellos que creemos en la ciudadanía y los valores democráticos debemos movilizarnos, pero debemos hacerlo desde la responsabilidad y el compromiso cívicos, rechazando cualquier violencia o insulto, cualquier quiebra de nuestras reglas democráticas. Y, por tanto, exigimos sobre todo responsabilidad a los poderes públicos. Cuando se produzca un exceso habrá que responder al mismo con las herramientas del Estado de Derecho. Lo contrario nos lleva a la ley de la selva, la violencia por la violencia y la ruptura de la Democracia. Volviendo a la carga policial, es exigible la actuación de la Fiscalía de oficio para amparar los derechos de los ciudadanos y restituir la confianza en nuestras instituciones democráticas gravemente menoscabada por excesos como los sufridos.

Germán M. Teruel Lozano, Doctorando europeo en Derecho constitucional