Es increíble que un presidente que pretende llevar a gala el ampliar los derechos civiles, acabe impulsando una medida tan retrógrada como la relativa a la protección de la propiedad intelectual incluida en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Progresismo es estar al lado de quien se encuentra en situación de inferioridad, es construir futuro, romper los oligopolios, socializar el conocimiento, apostar por una ciudadanía inquieta…
Sin embargo, este gobierno al final se ha plegado a los designios de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE). Es intolerable que, si hasta ahora los jueces no consideraban un delito la difusión de ciertos contenidos a través de la web, se haya creado una excepción a la norma aplicada a internet. Además, nos sacamos de la manga un organismo que trabaja a modo de «Gran Hermano» para velar por que nadie saque los pies del tiesto y, por si fuera poco, elevamos a la Audiencia Nacional la responsabilidad de juzgar estos nuevos «delitos».
A continuación ofrezco un interesante artículo al respecto de esto último escrito por José Ramón Chaves García, jurista del Cuerpo Técnico de la Administración General del Estado.
Hace escasos treinta minutos Sevach se entera de lo acordado por el Consejo de Ministros sobre el culebrón normativo para atajar las “descargas ilegales”. Se trata del primer Consejo de Ministros del año y el regalo está envenenado. He de advertir que no tengo a la vista el borrador literal de la norma y me apoyo en la propia informaciónfacilitada por el Gobierno, e intuyo que bajo la piel de cordero de la Disposición Adicional ahora maquillada del proyecto de Ley de Economía Sostenible se encuentra el lobo que sembrará de pánico a quienes pululan por el bosque de la red.
Someto a título personal, varias reflexiones.
I. El sistema ahora diseñado (otra vía para el mismo objetivo) básicamente será el siguiente en fases sucesivas: denuncia del particular o entidad representativa de autores afectados ante la Comisión de Propiedad Intelectual; estudio del caso y si su dictamen es negativo se solicitará autorización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, quien tras conceder una audiencia o alegaciones por tres días, autorizará el bloqueo o cierre de la web sospechosa. Recibida la autorización, la Comisión de Propiedad Intelectual será quien lo ejecutará de forma perentoria, con el consiguiente cierre de la web. Y a partir de aquí, con la web bloqueada, el afectado iniciará su titánica lucha, comenzando por plantear recursos administrativos o contencioso-administrativos.
II. Cuestiones problemáticas que someto a debate:
1ª Tal y como expuse en el post anterior se mantiene la vía privilegiada para los titulares de propiedad intelectual que contarán con el brazo protector del Ministerio de Cultura para defender sus derechos, frente a los titulares de otras propiedades, incluso por ejemplo, los titulares de propiedad industrial (patentes,etc) que se verán obligados si peligran sus derechos a acudir ante un procedimiento en la jurisdicción civil. En cambio, los autores cuentan con una prerrogativa de tinte feudal, ya que la Corona (esto es, el Ministerio de Cultura) correrá en su auxilio y hará el trabajo sucio de cerrar las webs molestas o sospechosas.
2ª Se establece la “autorización” judicial previa al cerrojazo de la web. O sea , la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictará posiblemente un simple Auto, y no una Sentencia (nada sabemos al respecto), y el mismo será por un procedimiento sumarísimo (cuatro días) y de carácter puramente formal y de apariencia de legalidad. (más…)
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