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Posts Tagged ‘Libertad de expresión’

El País dedica hoy su editorial, y con razón, al “embrollo húngaro”, cuyo Gobierno pretende imponer la censura de prensa con la que ha sido denominada como “Ley mordaza”. En ABC Herman Tertsch también dedica un artículo a la misma afirmado que con esta Ley se nos está atacando a todos los europeos.

Comparto la preocupación ante la aprobación de este tipo de leyes poco respetuosas con los principios y valores democráticos y con los derechos fundamentales proclamados en el marco de la Unión Europea. La ampliación de la Unión hacia los países del este está conllevando notables desajustes y me preocupa ver la deriva de algunos de los mismos. Es cierto que cuando España ingresó en la Unión Europea su situación económica era precaria, pero al menos en España había una alta dosis de ilusión europeísta y un extraordinario anhelo democrático; algo que parece faltar en los países de reciente ingreso comunitario y que permite situaciones como la que ahora se vive con la presidencia húngara –o como ocurrió con las advertencias que igualmente hubo que lanzar a Polonia-.

En concreto, tal y como relata El País, lo que ha hecho el Gobierno húngaro ha sido aprobar una Ley por la cual se “ha creado un organismo -Autoridad Nacional sobre los Medios y las Comunicaciones- con poderes para imponer multas de más de 700.000 euros a periódicos o portales que publiquen información parcial u ofensiva para “la dignidad humana”, container tan elástico que puede encajarlo todo”.

Pues bien, hecha la crítica al Gobierno húngaro, tendríamos entonces que mirarnos la paja en nuestro propio ojo; porque, guardando las distancias –que es cierto que existen-, debiéramos analizar honradamente nuestra legislación al respecto.

Así, en España la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, sanciona administrativamente conductas como “la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación…” o “la emisión de comunicaciones comerciales que vulneren la dignidad humana o utilicen la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio” (art. 57). Claro ejemplo de tipificación como ilícito administrativo de determinadas conductas que suponen, prima facie, el ejercicio de las libertades de expresión e información. ¿Nos suena esto a algo? Una Autoridad Nacional que tiene poder para imponer sanciones (multas) de elevada cuantías a medios de información (audiovisual) que publiquen información ofensiva para la “dignidad humana”. Eso es lo que permite nuestra Ley General de la Comunicación audiovisual… (y si no que se lo digan a Intereconomía a la que el Ministerio de Industria sancionó por publicar un vídeo autopromocional que fue estimado que denigraba a los homosexuales). A todo lo cual podemos añadir también la Ley Sinde que, como ya he dicho en este foro, en mi opinión usurpa competencias estrictamente jurisdiccionales a favor de la Administración.

El ejercicio de la libertad de expresión y de información tiene límites, pero determinar los mismos y sancionar a quienes se excedieran era algo que creo que debe quedar reservado a los jueces y tribunales. Ahora, sin embargo, comprobamos como se impone una legislación en la que el Gobierno trata de arrogarse cada vez mayores competencias para controlar estas libertades tan íntimas y sensibles. Esta dinámica ha saltado las alarmas cuando ha nacido de manos del Gobierno húngaro, la imposición de la “ley mordaza”; ahora, aunque salvemos las distancias, repito que nos miremos a nuestro ojo y veamos a ver si nosotros no estamos también jugando de forma parecida…

Germán T.

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1. ¿Qué regula la Ley Sinde?

La Ley Sinde (lo que venía siendo la DF. 2ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible) tenía por objeto “introducir un régimen de protección de la propiedad intelectual (…) frente a las vulneraciones de la misma realizadas mediante la puesta a disposición de contenidos de la web”.

Ahora bien, esta Ley no introducía ningún ilícito nuevo –ni civil, ni penal ni administrativo-, ni modificaba el derecho vigente desde un punto de vista sustantivo (la modificación del art. 8.1 LSSICE no supone tampoco nada nuevo), ni tampoco afectaba al régimen de responsabilidad por las vulneraciones de estos derechos. Simplemente creaba un procedimiento administrativo (con una limitada intervención judicial para autorizar la ejecución) para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el marco de Internet. Y ello sin perjuicio de las acciones que se pudieran emprender ante los Tribunales de Justicia tanto en vía civil como penal. Se trata de un procedimiento que se solapa a los judiciales ya existentes.

 

2. ¿Estaban entonces desprotegidos los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de Internet?

En absoluto. Como he indicado, existen procedimientos judiciales tanto civiles como penales para tutelar estos derechos con carácter general, con independencia de que las vulneraciones se cometan o no a través de Internet.

En este sentido, si una persona ve vulnerado sus derechos de propiedad intelectual a través de Internet puede dirigirse a los Jueces y Tribunales, igual que cualquier ciudadano que vea vulnerado (más…)

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