La rebelión democrática: necesaria respuesta ante una partitocracia autista

La rebelión democrática: Necesaria respuesta ante una partitocracia autista

Artículo publicado en LaVerdad-6oct2012

“¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente?”; se preguntaban en Fuenteovejuna ante las injusticias sufridas. De nuevo España es portada internacional ante las imágenes de protestas ciudadanas, algo que exige unas líneas de reflexión y que, en este caso, queremos empezar con un relato personal. Como médico el día de la manifestación del 29-S tuve que atender en urgencias a varios pacientes que presentaban lesiones provocadas por agresiones policiales. Si fueron legítimas o no tales agresiones lo decidirán los jueces, si se logra identificar a los policías –poco proclives a dejarse-; ahora, lo que sí que puedo decir es que los pacientes atendidos eran ciudadanos de lo más normal -profesores, trabajadores e incluso a una hija de policía-, personas en las que se veía su nerviosismo por lo vivido y que, desde luego, no cumplían el perfil de “radicales violentos”.

Como ciudadanos, como sociedad madura, tenemos que reflexionar. Y sobre todo los jóvenes, que hemos vivido sin duda la mayor época de bienestar de la Historia, ahora que vemos que aquel futuro que se nos prometía tiembla y surgen incertidumbres, debemos demostrar sentido de la responsabilidad y el mayor compromiso social y democrático para asumir el reto que pronto nos corresponderá de tomar las riendas de nuestra sociedad. Es en las situaciones de mayor crisis cuando se necesita del empuje, del compromiso, de la solidaridad social para que podamos salir adelante; no caben actitudes de resignación paralizante, sino que es necesaria la acción crítica. Debemos aprovechar una situación de catarsis como ésta para abrir los ojos y, desde la crítica y la acción política, corregir un rumbo en muchos términos equivocado.

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Berlin

«Detestaba y temía la estandarización. Percibió que en nombre de la filantropía, la democracia y la igualdad se estaba creando una sociedad en la que los objetivos humanos se iban haciendo artificialmente más pequeños y estrechos, y en la cual se estaba convirtiendo a la mayoría de los hombres en un simple «rebaño industrioso» (para usar la frase de su admirado Tocqueville) en el que la «mediocridad colectiva» iba ahogando poco a poco la originalidad y la capacidad individual» (dicho sobre Stuart Mill)

I. Berlin

Prólogo a la obra de S. Mill «Sobre la libertad»

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Mirando la paja en ojo ajeno: La Ley mordaza húngara

El País dedica hoy su editorial, y con razón, al “embrollo húngaro”, cuyo Gobierno pretende imponer la censura de prensa con la que ha sido denominada como “Ley mordaza”. En ABC Herman Tertsch también dedica un artículo a la misma afirmado que con esta Ley se nos está atacando a todos los europeos.

Comparto la preocupación ante la aprobación de este tipo de leyes poco respetuosas con los principios y valores democráticos y con los derechos fundamentales proclamados en el marco de la Unión Europea. La ampliación de la Unión hacia los países del este está conllevando notables desajustes y me preocupa ver la deriva de algunos de los mismos. Es cierto que cuando España ingresó en la Unión Europea su situación económica era precaria, pero al menos en España había una alta dosis de ilusión europeísta y un extraordinario anhelo democrático; algo que parece faltar en los países de reciente ingreso comunitario y que permite situaciones como la que ahora se vive con la presidencia húngara –o como ocurrió con las advertencias que igualmente hubo que lanzar a Polonia-.

En concreto, tal y como relata El País, lo que ha hecho el Gobierno húngaro ha sido aprobar una Ley por la cual se “ha creado un organismo -Autoridad Nacional sobre los Medios y las Comunicaciones- con poderes para imponer multas de más de 700.000 euros a periódicos o portales que publiquen información parcial u ofensiva para «la dignidad humana», container tan elástico que puede encajarlo todo”.

Pues bien, hecha la crítica al Gobierno húngaro, tendríamos entonces que mirarnos la paja en nuestro propio ojo; porque, guardando las distancias –que es cierto que existen-, debiéramos analizar honradamente nuestra legislación al respecto.

Así, en España la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, sanciona administrativamente conductas como “la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación…” o “la emisión de comunicaciones comerciales que vulneren la dignidad humana o utilicen la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio” (art. 57). Claro ejemplo de tipificación como ilícito administrativo de determinadas conductas que suponen, prima facie, el ejercicio de las libertades de expresión e información. ¿Nos suena esto a algo? Una Autoridad Nacional que tiene poder para imponer sanciones (multas) de elevada cuantías a medios de información (audiovisual) que publiquen información ofensiva para la “dignidad humana”. Eso es lo que permite nuestra Ley General de la Comunicación audiovisual… (y si no que se lo digan a Intereconomía a la que el Ministerio de Industria sancionó por publicar un vídeo autopromocional que fue estimado que denigraba a los homosexuales). A todo lo cual podemos añadir también la Ley Sinde que, como ya he dicho en este foro, en mi opinión usurpa competencias estrictamente jurisdiccionales a favor de la Administración.

El ejercicio de la libertad de expresión y de información tiene límites, pero determinar los mismos y sancionar a quienes se excedieran era algo que creo que debe quedar reservado a los jueces y tribunales. Ahora, sin embargo, comprobamos como se impone una legislación en la que el Gobierno trata de arrogarse cada vez mayores competencias para controlar estas libertades tan íntimas y sensibles. Esta dinámica ha saltado las alarmas cuando ha nacido de manos del Gobierno húngaro, la imposición de la “ley mordaza”; ahora, aunque salvemos las distancias, repito que nos miremos a nuestro ojo y veamos a ver si nosotros no estamos también jugando de forma parecida…

Germán T.

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Desnudando la Ley Sinde

1. ¿Qué regula la Ley Sinde?

La Ley Sinde (lo que venía siendo la DF. 2ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible) tenía por objeto “introducir un régimen de protección de la propiedad intelectual (…) frente a las vulneraciones de la misma realizadas mediante la puesta a disposición de contenidos de la web”.

Ahora bien, esta Ley no introducía ningún ilícito nuevo –ni civil, ni penal ni administrativo-, ni modificaba el derecho vigente desde un punto de vista sustantivo (la modificación del art. 8.1 LSSICE no supone tampoco nada nuevo), ni tampoco afectaba al régimen de responsabilidad por las vulneraciones de estos derechos. Simplemente creaba un procedimiento administrativo (con una limitada intervención judicial para autorizar la ejecución) para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el marco de Internet. Y ello sin perjuicio de las acciones que se pudieran emprender ante los Tribunales de Justicia tanto en vía civil como penal. Se trata de un procedimiento que se solapa a los judiciales ya existentes.

 

2. ¿Estaban entonces desprotegidos los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de Internet?

En absoluto. Como he indicado, existen procedimientos judiciales tanto civiles como penales para tutelar estos derechos con carácter general, con independencia de que las vulneraciones se cometan o no a través de Internet.

En este sentido, si una persona ve vulnerado sus derechos de propiedad intelectual a través de Internet puede dirigirse a los Jueces y Tribunales, igual que cualquier ciudadano que vea vulnerado

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Estado de excepción constitucional

Dice el Gobierno que persisten las causas que justificaron la declaración del estado de alarma y por ello pide, y así lo ha autorizado el Parlamento, que se prorrogue el mismo. En mi opinión en toda esta situación lo que debe causarnos verdadera alarma es que nuevamente los políticos, y en particular el Gobierno, hagan de su capa un sayo haciendo juegos malabares con nuestra Constitución, al utilizar este recurso de excepción de una forma que muy dudosamente es admisible por nuestra Norma Fundamental. A lo largo de estos últimos años hemos dado un gran paso atrás constitucionalmente hablando. Parece como si nuestra Constitución hubiera perdido en buena medida su fuerza normativa y vinculante, su esencia como límite al poder político, y se ha convertido en un trapo con el que juegan los políticos a su gusto, bajo la mirada de un desprestigiado Tribunal Constitucional que debiera ser justo el garante de que esto no sucediera. Lo que habría que declarar es un estado de excepción constitucional ante el disloque del “funcionamiento de las instituciones democráticas”.

La aprobación del Estatuto de autonomía catalán, que manifiestamente constituía una carga de profundidad contra nuestro marco constitucional; declaraciones de responsables políticos autonómicos declarándose insumisos contra leyes que no les gustan –Ley del aborto, educación para la ciudadanía…- o contra decisiones judiciales –como ocurrió antes de la sentencia sobre el Estatuto catalán-; son ejemplos de este disloque institucional que vive nuestro Estado. A ello podemos añadir la contaminación partidista de instituciones y órganos “independientes”, como la Fiscalía o el propio Constitucional; o el nefasto fenómeno de la corrupción que baña numerosos ayuntamientos. A esta lista de azotes sobre el “normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, que tristemente no resulta exhaustiva ya que serían muchas más las notas que podríamos añadir a ella, sumamos ahora el uso ad libitum por el Gobierno del estado de alarma, fuera en mi opinión de los límites y supuestos admitidos constitucionalmente.

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Discurso de Vargas LLosa

Traigo aquí el discurso vargas llosa nobel 2010. Una pequeña joya de gran contenido político, que bien podría de servir de ideario para fundar un partido político que muchos añoramos. Una persona comprometida socialmente y que se afirma como un liberal constitucional. Que cree en el individuo y que advierte los peligros de los nacionalismos. Y todo ello bajo una llamada a la lectura como medio para liberarnos, para realizarnos como personas, para crecer como seres críticos. Lo dicho, una perlita.

Entresaco algunas de las citas que más me han gustado:

«Gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin  los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida».

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A vueltas con los “Ni-Nis” y el peregrino compostelano

Se publica hoy la noticia de que según un informe de la OCDE España es el país de la Unión Europea donde existe un mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esto creo que debiera hacernos plantearnos una profunda reflexión acerca de las generaciones del futuro.

Con honrosas excepciones, resulta verdaderamente preocupante el modelo de la juventud de hoy día. Unos jóvenes hedonistas, indolentes socialmente y preocupados únicamente de su propio ser y de los modelos de referencia de la “super-pop” o de programas como “física y química”. Una generación que ha tenido las mayores posibilidades de educación y de formación, pero que sin embargo es la más bárbara que se conoce en los últimos siglos. Una generación que hace elogio de la obscenidad y lleva por bandera el desprecio al sacrificio y al trabajo personal. Que renuncia al mérito en pro del más injusto de los igualitarismos.

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La España casposa

A raíz de la celebración por la victoria de la Selección Nacional en el Mundial de fútbol, leía un artículo de opinión en un periódico nacional –ahora no recuerdo cual- en el que el autor criticaba que hubiera salido al escenario Manolo Escobar para animar el “cotarro”. Decía este articulista que le había rememorado la “España de pandereta” que no terminábamos de abandonar. No quiero pensar qué le habrá parecido entonces cuando haya visto el “sarao” flamenco que le montaron a la Obama en Sacromonte.

Pues bien, si a éste señor le parecen estas cosas propias de “pandereta”; yo le contestaría que de “pandereta” y de “zambomba”, pero con mucho orgullo. Me siento orgulloso de mi cultura y de mis tradiciones. Ahora de lo que estoy harto es de ese complejo que tenemos como españoles. Cuba ya la perdimos hace mucho, Franco ya está enterrado y bien sepultado, y ha pasado tiempo como para volver a sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y, en general, de nuestra Historia –tenemos incluso heroicos capítulos, como el que nos recordaba la semana pasada Pérez-Reverte, que duermen olvidados en la memoria de un país en el que parece que viviéramos resentidos con nuestro pasado-.

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LA TIRANÍA DE LA MAYORÍA: LA ILEGITIMIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS

Hace unos meses participaba en un interesante debate que se organizó aquí en Sevilla para inaugurar el Club de Debate “de iuris” de la Facultad de Derecho de la Universidad hispalense bajo el título: Toros, ¿cultura o tortura? Hoy, en el día en que el Parlamento catalán ha decidido prohibir la celebración de este espectáculo en su territorio autonómico, creo que es interesante reproducir aquí algunas de las reflexiones que en su momento hice para tratar de argumentar la ilegitimidad de la prohibición de nuestra Fiesta Nacional.

Un par de cuestiones previas. En el presente artículo cuando me refiera a ilegitimidad lo haré en un sentido más puramente “ético” que estrictamente jurídico. En una democracia se asume con carácter general que toda medida legal es per se legítima. Siendo esto cierto, yo voy a contraponer “legalidad” a “legitimidad”, en el sentido de considerar que puede haber medidas que aun cuando hayan sido aprobadas conforme a los procedimientos democráticos correspondientes, sin embargo pueden ser sentidas por un sector de la población como ilegítimas por vulnerar su escala de valores éticos –que en el fondo informan al Derecho-. Así, por ejemplo, la nueva ley del aborto puede resultar constitucional, pero un grupo de población sin embargo puede entenderla ilegítima y, en consecuencia, justamente ejercer su derecho a criticarla. De igual forma, en nuestro caso no voy a discutir la constitucionalidad de la ley, pero sí que trataré de poner de manifiesto su ilegitimidad por vulnerar un principio básico: la libertad. Y, como he señalado ya en alguna otra ocasión, asumo aquí esa visión de la libertad en sentido “negativo”, es decir, como el espacio exento a la intervención del poder político. Ese espacio en el que ni siquiera la mayoría democrática debe entrar a regular. Extiendo así las teorías de la libertad negativa de autores como Berlin o Constant a estos problemas de “excesos regulativos” que con tanta preocupación se vienen observando en nuestras democracias actuales (a este respecto léase la obra de Charles Fried “la liberad moderna y los límites del Gobierno”).

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Apuntes sobre Cataluña y España

«Apuntes sobre Cataluña y España» es como han llamado al artículo que hoy han firmado conjuntamente nuestra Ministra de Defensa y el ExPresidente González. Un artículo que, si bien podía esperar de la Ministra Chacón, feligrés del maestre Zapatero; no me esperaba de Felipe González. No esperaba del exPresidente del Gobierno que entrara a este juego.

Dicen que «España es una Nación de naciones». Pues bien, si queremos entender por «nación» lo que dice nuestro Diccionario de la Real Academia en su tercera acepción: «Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común»; ningún problema entonces en asumir que Cataluña es tal. Ahora bien, para que no haya dudas, lo único que se estaría admitiendo, que fue lo que se fijó constitucionalmente, era que en España había naciones culturales. Ahora, de ahí a reconocer entonces que se trata de una nación política o jurídica, ya nos ha dejado claro el Tribunal Constitucional, en recta interpretación de nuestra Carta Magna, que no ha lugar.

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O todos moros o todos cristianos

Iba paseando camino de la Universidad por Sevilla y, de repente, cuando he llegado a la altura del Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad, me ha llamado la atención que allí donde suele ondear la bandera de la Unión Europea, en la cúpula de la propia casa consistorial, se erige ahora una bandera del «orgullo gay».

Simplemente me gustaría oír ahora lo que dicen quienes con tanto celo defienden que no se pueden poner signos religiosos en lugares oficiales porque hieren su sensibilidad… O, como pretende el abogado Mazón, quien quiere que se retire el Cristo de Monteagudo, porque, según él, es contrario a la libertad religiosa. ¿Poner una bandera representativa de una determinada condición sexual en un lugar oficial, es más, en el puesto propio de una bandera oficial, no compromete la «neutralidad» del Estado? A ver si ahora vamos a «asignarle» condición sexual al Estado…

Si el otro día defendí que las personas religiosas podamos celebrar tranquilamente nuestras fiestas y santorales, no puedo ahora, so pena de ir contra mis propios actos, lo cual denotaría mala fe, criticar que quienes tienen una determinada condición sexual puedan hacer las fiestas que gusten. Sin embargo, igual que en su momento afirmé que en lugares «oficiales» -que es distinto de públicos-, allí donde están situados los símbolos del Estado, no deben situarse los propios de una confesión -vid. a este respecto https://inpurisnaturalibus.wordpress.com/2009/11/07/el-tribunal-europeo-es-contrario-a-la-exhibicion-de-crucifijos-en-las-aulas/– . Esto mismo lo sostengo con quienes apartan una bandera oficial para situar la propia de su condición sexual.

Pero, sobre todo, me molesta en extremos el doble rasero de lo políticamente correcto. En parte siento que adherirse a la fiesta del orgullo gay es «progre» y es «políticamente correcto», por lo que quien lo critique será tachado de fascista. Pero, sin embargo, como las procesiones o el corpus eso es de «otra época», podemos llamar «capillitas» o «carcas» a quien lo disfruta y alegar que tales expresiones religiosas nos hieren la sensibilidad por lo que debieran ser privadas.

Pues bien, o todos moros o todos cristianos. Vivimos en una sociedad plural, por lo que dentro de unos límites, todos debemos poder expresarnos libremente y ejercer las manifestaciones públicas que deseemos. Si unos quieren sacar procesiones, pues perfecto; y si otros quieren hacer una fiesta en honor a su condición sexual y celebrar que han alcanzado la igualdad de derechos después de muchos años de represión, igualmente bien. Ahora, todos iguales. Para todos la misma «sensibilidad». Ese respeto que piden los homosexuales para celebrar su día y hacerlo públicamente por las calles de la ciudad, tiene que ser igualmente reconocido a aquellos que lo que quieren es hacer pública su fe religiosa. Y, de igual manera que criticamos que se pusieran crucifijos en el sitio de presidencia de las aulas de los colegios públicos, junto a la imagen del Jefe del Estado; no puedo admitir que se ponga una bandera gay en puesto de la de la Unión Europea sobre la Casa Consistorial.

Dejémonos de hipocresías, de dobles raseros y, sobre todo, de categorías de lo políticamente correcto. Porque, como he dicho, aquí «o todos moros o todos cristianos».

Germán T.

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Cultura, tradición, religión y nuestro Himno Nacional

Acabo de llegar de la procesión del Corpus de Sevilla y la verdad que me salía del corazón haber titulado este artículo “el Himno nacional es del pueblo”, pero como sabía que mi buen amigo José Miguel me iba a pegar un tirón de orejas, he decidido serenarme un poco antes de lanzarme a teclear algunas de las ideas que aquí quiero esbozar en torno a la polémica abierta con el nuevo Reglamento de Honores Militares aprobado por el Gobierno en el mes de mayo y por el cual se prohíbe prestar honores militares al Santísimo.

Asumiendo entonces la responsabilidad de lo que aquí diga personalmente, y después de haber hecho un intento de leer todas las posturas –desde ABC hasta el País, pasando incluso por La Razón y el diario Público-, sí que creo necesario hacer un comentario al respecto. Voy a tratar de “desgranar” el “estado de la cuestión” conforme a las nuevas reglamentaciones, para luego hacer mi propia valoración. Fundamentalmente tendremos que tener en cuenta dos normativas: El RD. 684/2010, de 20 de mayo, que regula los honores militares y el RD. 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el Himno Nacional.

Pues bien, el nuevo reglamento de “honores militares” positiviza la jurisprudencia constitucional, la cual comparto, en virtud de la cual no se puede obligar a ningún cargo o servidor público a tomar parte de eventos religiosos. Ningún policía o militar puede ser obligado a tomar parte de procesiones ni otros actos similares –cosa distinta es cuando actúan de “servicio” para realizar labores de orden público-. Hasta aquí, todo perfecto ya que estamos en un Estado aconfesional que reconoce la libertad religiosa.

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¿La humanidad puede ser definida por el soberano?

LA HUMANIDAD PUEDE SER DEFINIDA POR EL SOBERANO. Ésta es la pregunta que me he hecho en el último trabajo que he preparado sobre Historia constitucional. En él trato de poner de manifiesto hasta qué punto el soberano, el poder político, puede definir quienes son personas. Planteándolo de manera negativa seguro que se entiende mejor: ¿Puede el soberano, el poder político, negar las libertades más básicas a unas personas o grupos de personas? ¿Puede el soberano decidir que ciertos grupos humanos no son dignos de respeto de sus libertades y derechos fundamentales? O, ¿son los derechos humanos unos derechos inherentes a toda persona sobre los que ningún poder puede disponer? Incluso, ¿es posible la existencia de un despotismo constitucional?

Es un tema cuanto menos sugerente, aunque he de reconocer que el trabajo en sí mismo es más modesto, si bien en él pueden encontrarse algunas reflexiones que, al menos, y aun cuando no sirvan como conclusiones de gran valor científico, sí que nos podrán dar de qué pensar.

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Garzón nunca investigó crímenes franquistas

He creído interesante traer hoy el artículo que escribe en la Tercera de ABC el Prof. de la Oliva Santos, uno de los más prestigiosos procesalistas de este país, sobre el proceso abierto contra el Juez Garzón. Salvando el contundente juicio de antijuridicidad que hace sobre las actuaciones del Juez, el cual, por otro lado, aunque haya habido notables irregularidades procesales no tienen que ser por sí mismas constitutivas del delito de prevaricación; sin embargo sí que resulta especialmente interesante la explicación que hace el Prof. de la Oliva del proceso y su objeto y, particularmente, pone de manifiesto cómo en realidad, y a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, no se está enjuiciando a Garzón por investigar crímenes franquistas, cosa que por otro lado, como se dice en el artículo, nunca llegó a hacer el Juez.

Es sin lugar a dudas el mejor artículo que he leído en toda la prensa sobre el proceso abierto, ya que centra el verdadero objeto del asunto. Además, en buena medida, confirma los extremos que puse de manifiesto en mi análisis sobre la cuestión en el artículo que dediqué a «Garzón y los crímenes contra el franquismo: ¿prevaricación?

Dejo aquí este artículo de «la buena prensa»:

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ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Complutense

La Tercera de ABC – Sábado , 22-05-10

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano. Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.

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Por la libertad de ir a los toros

ABC ha promovido la firma de un manifiesto «Por la libertad de ir a los toros«, el cual yo he suscrito, aportando la siguiente reflexión que va más allá de mi gusto por la Fiesta Nacional, que puede o no ser compartido:

La Fiesta de los Toros forma parte de nuestro patrimonio cultural y es una excelsa expresión de arte y tradición, digna de reconocimiento y tutela por los poderes públicos y de respeto por la ciudadanía.

El intento de su prohibición no supone más que una actuación exorbitante de un Parlamento autonómico que quiere imponer por vía legal el modelo de buen nacionalista, diluyendo al individuo como mero integrante de una comunidad nacional.

Ésta, junto con otras medidas como aquellas que pretenden imponer una inmersión lingüística, suponen una grave agresión a la libertad individual, un atentado contra la libertad negativa tal y como la definieron Berlin o Constant, la libertad de quedar inmunes a la acción del gobierno, la libertad para poder buscar nuestra felicidad sin obstáculos. Ser libres no es sólo tener derecho a participar políticamente, sino también poder mantener un ámbito de actuación para el desarrollo personal exento de intromisiones por parte de terceros o de otros poderes. Olvidar esto, ha llevado históricamente a las mayores tiranías.

Frente a políticas que pretenden que los ciudadanos no son más que «sangre de su tierra», yo vengo aquí a proclamar la dignidad humana y la libertad como valores superiores.

Germán T.

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